Imagínate una ciudad de 60.000 habitantes, en la que el salario mínimo es de unos 110 euros y la mitad de la población está bajo el umbral de la pobreza. La asignación gubernamental para infraestructuras venía siendo de 700.000 euros al año, y el año pasado, de repente recibió 15 millones de euros. Este año recibirá 30 millones de euros para el mismo concepto. Ahora imagina esta situación en toda una nación. Es lo que está viviendo Perú en estos momentos. El boom económico que está viviendo el país hace que los gobiernos locales y regionales reciban unas asignaciones que no saben ni siquiera cómo gastar. Algunas corporaciones locales no han gastado ni un céntimo del dinero que el estado les envió. Y la preocupación que empieza a aflorar entre el propio gobierno peruano y analistas internacionales es si estos órganos de gobierno de segundo y tercer orden tienen capacidad para gestionar este dinero e invertirlo correctamente. La falta de personal cualificado para elaborar planes de infraestructuras, o simplemente la falta de costumbre de tener dinero hacen que muchos pueblos ni siquiera sepan en qué podrían gastarse tal cantidad de líquido. En cualquier caso, y aún a pesar de estos obstáculos, el gobierno lleva aprobados más de 12.000 proyectos desde 2004. Mientras tanto, el dinero sigue llegando a espuertas y se acumula en las arcas.
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